Por José Gregorio Aguilar
A ocho meses del arranque formal del proceso electoral concurrente de 2027, la Delegación de Programas para el Bienestar en Tamaulipas salió a poner candados: los apoyos federales no son moneda de cambio.
La delegada Lourdes Puente Vizcarra advirtió que pensiones, becas y demás programas sociales son derechos constitucionales y no pueden condicionarse, ni presumirse como logro de un partido, candidato o estructura política.
La funcionaria explicó que el blindaje electoral se sostiene en la entrega directa y sin intermediarios. Todo se dispersa a través del Banco del Bienestar, con calendarios públicos, sin gestores ni operadores que puedan capitalizar políticamente el recurso.
En Tamaulipas, precisó, operan 61 sucursales del Banco del Bienestar donde los beneficiarios cobran conforme al calendario oficial que se difunde por los canales del Gobierno Federal.
«La intención es cerrar la puerta a cualquier funcionario, servidor de la nación u operador que pretenda usar la entrega de recursos para favorecer a un partido o candidatura rumbo al 2027. Los pagos son calendarizados, se informan por redes oficiales y en periodo electoral, como marca la ley, se adelantan», sostuvo Puente Vizcarra.
Recordó que por norma, todos los Programas para el Bienestar son públicos, ajenos a cualquier partido y está prohibido su uso con fines distintos al desarrollo social, así como condicionar su permanencia a cambio de respaldo electoral.
El llamado cobra relevancia, dijo, por el volumen de derechohabientes que hoy reciben un apoyo federal en la entidad en la antesala de la elección más grande de los últimos años.
