Dr. Jorge A. Lera Mejía. Especialista en políticas públicas.
La desigualdad social en Tamaulipas está estrechamente vinculada con la calidad del empleo, los ingresos familiares y las oportunidades de educación. Aunque el empleo formal ofrece mayores posibilidades de acceso a la seguridad social, ahorro para el retiro y servicios de salud, una parte de la población depende del trabajo informal, caracterizado por ingresos variables y menor protección laboral.
En este contexto, el desempleo, el subempleo y el trabajo infantil representan desafíos para el desarrollo económico y el bienestar de las familias.
Empleo formal e informal: dos realidades económicas
De acuerdo con los indicadores de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del INEGI, México mantiene un mercado laboral en el que la informalidad representa una proporción considerable de la ocupación. En términos nacionales, alrededor de 55% de las personas ocupadas ha trabajado en condiciones de informalidad en años recientes, frente a poco menos de la mitad que se desempeña en condiciones de formalidad.
Esta diferencia importa porque tener trabajo no garantiza salir de la pobreza. Un trabajador informal puede laborar jornadas extensas y aun así carecer de ingresos suficientes, prestaciones, vacaciones pagadas o cobertura médica.
Por otra parte, las tasas de desocupación abierta suelen ser reducidas en comparación con la magnitud de la informalidad, pero no reflejan plenamente a quienes necesitan trabajar más horas o han dejado de buscar empleo.
En Tamaulipas, la industria manufacturera, el comercio, la logística fronteriza, los servicios, la actividad portuaria y el sector energético generan oportunidades de empleo. Sin embargo, los beneficios no se distribuyen de manera homogénea entre municipios y hogares. Las diferencias entre los corredores industriales de la frontera, la zona conurbada de Tampico-Altamira-Madero y las localidades rurales pueden traducirse en brechas salariales y de acceso a servicios.
La solución no consiste únicamente en crear puestos de trabajo, sino en impulsar empleos formales, productivos, mejor remunerados y accesibles para jóvenes, mujeres y personas con menores niveles de escolaridad.
Trabajo infantil: una alerta que exige prevención
El problema adquiere una dimensión más delicada cuando la precariedad económica obliga a niñas, niños y adolescentes a trabajar para contribuir al ingreso familiar, con riesgos para su salud, seguridad y formación educativa.
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, cuyos resultados difundió el INEGI en junio de 2025, identificó 3.7 millones de personas de entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil en México, equivalentes al 13.1% de esa población. La proporción había sido de 11% en 2017 y 11.4% en 2019, por lo que el aumento hasta 2022 constituye una señal preocupante.
En Tamaulipas, el panorama comparativo es menos desfavorable que el promedio nacional, pero no deja de ser preocupante. Los resultados estatales de la ENTI 2022 sitúan la tasa de trabajo infantil en 8.7%, frente al 13.1% nacional. Esto equivale a una diferencia de 4.4 puntos porcentuales, aunque no significa que el problema esté resuelto ni demuestra por sí mismo un aumento reciente en el estado. Para afirmar que creció en 2026 se requieren estadísticas nuevas y comparables; no debe confundirse la fecha de publicación con el año de medición.
Pautas de solución: empleo digno y protección social
Para enfrentar las causas estructurales de la desigualdad, se propone una estrategia coordinada entre los gobiernos federal y estatal, los municipios, las empresas, las instituciones educativas y las organizaciones sociales.
1. Formalización laboral. Fortalecer la inspección del trabajo, facilitar la incorporación de micro y pequeñas empresas a la formalidad y ampliar el acceso a seguridad social, capacitación y prestaciones.
2. Apoyo directo a los hogares vulnerables. Vincular los programas de bienestar con becas educativas, alimentación escolar, atención médica y apoyos temporales a familias que enfrentan pérdida de ingresos, evitando que los menores se conviertan en proveedores del hogar.
3. Vigilancia contra el trabajo infantil. Reforzar la supervisión en actividades agrícolas, comercios, talleres, construcción y servicios. La legislación mexicana prohíbe el trabajo de menores de 15 años y restringe las actividades peligrosas para adolescentes.
4. Participación de la UAT. La Universidad Autónoma de Tamaulipas puede contribuir mediante investigaciones territoriales, diagnósticos sobre empleo y pobreza, prácticas profesionales, educación continua y convenios con empresas para facilitar la inserción laboral formal de jóvenes en edad legal de trabajar.
5. Evaluación con indicadores. Publicar periódicamente datos sobre informalidad, desocupación, ingresos laborales, abandono escolar y trabajo infantil, desglosados por municipio, sexo y edad, para orientar los recursos hacia las zonas con mayores rezagos.
La desigualdad social no se combate únicamente con transferencias económicas ni con la creación de empleos en términos cuantitativos. Se requiere que el crecimiento industrial, comercial y energético de Tamaulipas se traduzca en mejores salarios, seguridad social y oportunidades educativas.
La prioridad debe ser que ningún hogar dependa del trabajo infantil para subsistir. El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, junto con los municipios, el sector empresarial y la UAT, tiene la oportunidad de impulsar una política integral que articule bienestar, empleo formal y permanencia escolar. El verdadero desarrollo se medirá no solo por la inversión y los puestos de trabajo creados, sino también por la reducción de las brechas sociales y la protección efectiva de la niñez.
