Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos.
México ha avanzado en diversos ámbitos: infraestructura, programas sociales, diversificación económica y presencia internacional.
Sin embargo, no podemos negar que en materia de inseguridad, economía y manejo de la migración aún tiene mucho trabajo por hacer.
Estos problemas no pueden explicarse solo desde el discurso político ni resolverse con medidas aisladas; requieren una mirada que vaya de lo macro a lo micro, entendiendo las causas estructurales y reconociendo el papel de cada ciudadano desde su propia trinchera.
La inseguridad sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo nacional.
La violencia vinculada al crimen organizado desalienta la inversión, encarece la operación de las empresas y provoca la salida de talento y capitales hacia lugares más seguros.
Pero detrás de cada estadística hay familias que viven con miedo, negocios que reducen horarios y comunidades que pierden confianza en las instituciones.
Por ello, la seguridad no debe concebirse únicamente como una tarea policiaca: exige prevención, educación, empleo, justicia oportuna y coordinación efectiva entre gobierno, sociedad y sector privado.
En lo económico, México necesita transformar el crecimiento en bienestar tangible.
No basta con atraer inversión o reportar indicadores favorables si los beneficios no llegan a quienes enfrentan salarios bajos, falta de oportunidades y desigualdad regional.
El país debe fortalecer la educación técnica, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, reducir la informalidad y construir condiciones de certeza para invertir.
La economía solo será sólida cuando produzca empleos dignos y permita que las personas permanezcan y prosperen en sus comunidades.
La migración, por su parte, exige una política humanitaria, ordenada y realista.
México no puede limitarse a contener flujos en la frontera; debe atender las causas que obligan a las personas a desplazarse, proteger sus derechos y articular la migración con oportunidades laborales formales.
La falta de coordinación entre seguridad, empleo y protección social deja a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
Tamaulipas: una meta posible.
Tamaulipas refleja con especial claridad estos desafíos.
Su ubicación fronteriza la convierte en un corredor comercial estratégico, pero también en un territorio sensible ante el crimen organizado, la migración y las decisiones económicas de Estados Unidos.
Aunque el estado ha registrado avances en equipamiento, coordinación institucional y atención al fenómeno migratorio, la percepción de inseguridad permanece alta y el desplazamiento por violencia sigue siendo una realidad para muchas familias.
La meta de Tamaulipas debe ser construir una frontera segura, próspera y humana.
Esto implica consolidar la seguridad con inteligencia, presencia estatal y prevención social; diversificar la economía más allá del comercio fronterizo; y generar oportunidades educativas y laborales que reduzcan la emigración.
También requiere una atención migratoria basada en la dignidad, la legalidad y la coordinación con los tres niveles de gobierno.
Más allá de los partidos políticos, el cambio depende de una alianza entre sociedad y gobierno.
Cada empresario que paga salarios justos, cada maestro que forma ciudadanos críticos, cada vecino que denuncia y cada servidor público que actúa con honestidad contribuye a reconstruir la confianza.
México y Tamaulipas pueden avanzar si dejamos de esperar soluciones ajenas y asumimos, desde nuestras propias trincheras, la responsabilidad de construir un país más seguro, justo y con oportunidades para todos.
