Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos.
Najmeh Amini, estudiante iraní de contabilidad de 23 años, fue condenada a muerte en septiembre de 2026 por presuntamente insultar al profeta Mahoma mediante una publicación en redes sociales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron su caso y solicitaron impedir su ejecución.
La sentencia todavía podía apelarse, según los reportes consultados: no debe confundirse una condena con una ejecución consumada.
Que una joven pueda perder la vida por expresarse revela una contradicción del siglo XXI: el progreso tecnológico no garantiza avances éticos.
Cuando las autoridades convierten interpretaciones religiosas en instrumentos de represión, la justicia deja de proteger a las personas y comienza a disciplinar sus conciencias.
El problema no es una religión ni sus creyentes, sino el ejercicio autoritario del poder.
La dignidad humana debe prevalecer sobre cualquier intento de castigar opiniones con la muerte.
Expertos de Naciones Unidas han señalado que la blasfemia no cumple el umbral de los delitos de extrema gravedad que implican homicidio intencional, única categoría para la cual el derecho internacional admite restricciones excepcionales en países que conservan esta pena.
Ejecutar por blasfemia vulnera el derecho a la vida.
Los Estados miembros de la ONU deberían exigir la anulación de esta condena, impulsar una moratoria de ejecuciones y ejercer presión diplomática coordinada.
Las organizaciones humanitarias pueden documentar irregularidades, acompañar la defensa y mantener visible el caso, evitando difundir información que exponga a familiares o activistas.
Estas acciones responden al llamado internacional de organizaciones iraníes para salvar a Najmeh.
Desde México, cuya Constitución prohíbe la pena de muerte, podemos pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores un pronunciamiento y gestiones multilaterales.
Como ciudadanía, corresponde compartir información verificada, respaldar campañas responsables y promover espacios educativos sobre libertad de expresión, igualdad y derechos de niñas y jóvenes.
Defender a Najmeh significa reconocer que ninguna frontera disminuye el valor de una vida.
La solidaridad exige transformar la indignación en acciones pacíficas, constantes y responsables.
No podemos normalizar que el miedo sustituya al diálogo.
Una humanidad verdaderamente justa protege tanto la libertad de creer como la de cuestionar, sin convertir ninguna diferencia en sentencia de muerte.
