Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos.
Desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum se creó la Secretaría de las Mujeres y se anunciaron múltiples acciones y programas dirigidos a garantizar derechos, proteger a víctimas de violencia y promover la autonomía económica de las mujeres en todo el país.
Entre las iniciativas más difundidas están la ampliación de la Pensión Mujeres Bienestar, la priorización de las mujeres en los programas de vivienda y la creación de servicios de atención y defensa legal como la Línea 079 y el programa de “Abogadas de las Mujeres”.
La política de vivienda federal plantea dar prioridad a las mujeres como propietarias en la construcción de un millón de viviendas nuevas y 450,000 mejoramientos o ampliaciones, con el objetivo de brindarles seguridad patrimonial y autonomía económica.
En materia de violencia, se implementó la Línea 079 como canal nacional de atención, así como la creación de Centros Libres para brindar atención integral y refugio a mujeres en situación de riesgo; además se incorporó un cuerpo de abogadas públicas para la defensa jurídica de víctimas.
Para la autonomía económica se amplió la Pensión Mujeres Bienestar, con apoyos bimestrales dirigidos a mujeres de 60 años en adelante y metas de cobertura masiva, y se anunciaron programas de cuidado infantil (200 centros de cuidado) y redes de apoyo comunitario como la Red de Mujeres Tejedoras de la Patria.
Los Sistemas DIF complementan y adaptan estas políticas con programas focalizados: por ejemplo, el DIF Tamaulipas liderado por la Dra. María de Villarreal, opera unidades como Refugios para la Mujer y la Familia, Salud Integral de la Mujer y salas de lactancia que ofrecen atención directa y acompañamiento a sobrevivientes y madres, alineándose con las medidas federales de protección y cuidado. Además, impulsa programas de Salud Integral de la Mujer con servicios preventivos y seguimiento clínico; y las salas de lactancia las operan en espacios públicos, reportando cobertura creciente, número de beneficiarias atendidas y casos acompañados en procesos de recuperación.
Nuevo León también ha puesto énfasis en apoyar a jefas de familia y cuidadoras mediante apoyos económicos y programas estatales que fortalecen la atención social y el vínculo con los servicios federales.
Estos esquemas estatales facilitan la ejecución local de líneas de atención, refugios, orientación legal y programas de empoderamiento que requieren coordinación con la Secretaría de las Mujeres y otras instancias federales.
Los programas anunciados por la Presidenta Claudia y su despliegue a través de los DIF estatales representan una apuesta por reconocer la dignidad y la autonomía de las mujeres —desde la protección inmediata frente a la violencia hasta el acceso a vivienda propia y seguridad económica—, pilares necesarios para sociedades más justas y seguras.
Sin embargo, su eficacia dependerá de la implementación local, de la coordinación interinstitucional y del fortalecimiento de capacidades en los DIF estatales para asegurar que refugios, asesorías legales y apoyos lleguen con prontitud y respeto a quienes más lo necesitan.
Reconocer y acompañar el trabajo cotidiano de las mujeres —como cuidadoras, trabajadoras y constructoras de comunidad— debe ser la brújula que guíe estas políticas hacia resultados concretos y humanos.
