Por Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, Tam.– El Congreso de Tamaulipas pidió reforzar las medidas contra el hostigamiento y acoso sexual en hospitales y centros de salud del estado, al considerar necesario mantener una política permanente de prevención, denuncia, atención y sanción para proteger tanto a trabajadores como a usuarios.
La propuesta fue aprobada por unanimidad de los integrantes presentes de la Diputación Permanente durante la sesión del martes 4 de agosto, con lo que se planteó fortalecer la aplicación de protocolos y avanzar hacia una política de cero tolerancia frente a este tipo de conductas en las instituciones de salud.
La iniciativa, impulsada por la diputada de Morena Lucero Deosdady Martínez López, presidenta de la Diputación Permanente, está dirigida a las instituciones que cuentan con infraestructura médica y hospitalaria en Tamaulipas, tanto estatales como federales.
Entre las instituciones contempladas se encuentran las relacionadas con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Salud de Tamaulipas, a las que se planteó mantener una difusión permanente de sus mecanismos de protección y atención.
“El objetivo de la presente acción legislativa consiste en formular una solicitud a las instituciones del sector salud que cuentan con infraestructura médica y hospitalaria en el estado, correspondientes a Sedena, Semar, Pemex y a la Secretaría de Salud de Tamaulipas, para que simplemente fortalezcan y difundan de manera permanente los protocolos para la prevención y sanción del hostigamiento, así como mecanismos institucionales de vigilancia y protección de atención en beneficio tanto del personal como de las personas usuarias de los servicios de salud”, expuso.
Martínez López señaló que el propósito es garantizar espacios seguros para el personal médico, administrativo y las personas que acuden a recibir atención, mediante mecanismos eficaces que permitan prevenir conductas de violencia y facilitar la denuncia, atención y acompañamiento de posibles víctimas.
La legisladora sostuvo que los hospitales y centros de salud deben preservar la integridad de quienes trabajan y reciben atención médica, por lo que advirtió que no deben tolerarse acciones que afecten la integridad física, psicológica o emocional de las personas.
“Consideramos que la presente iniciativa responde a una problemática que exige la actuación decidida de las instituciones públicas para garantizar entornos seguros, libres de violencia y en cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Los hechos que dieron origen a esta exigencia evidencian la necesidad de fortalecer la protección en espacios donde la dignidad de las personas debe ser una prioridad permanente”, dijo.
