Por Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, Tam.- Hasta tres años de prisión y multas de 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) podrían enfrentar quienes se nieguen a auxiliar a personas lesionadas o en peligro grave, de aprobarse una iniciativa presentada por el diputado local de Morena, Alberto Moctezuma Castillo.
La propuesta busca incorporar el delito de omisión de auxilio al Código Penal de Tamaulipas mediante una adición al artículo 361, con el propósito de establecer responsabilidades legales para quienes, teniendo la posibilidad de ayudar, decidan no intervenir ante una situación de emergencia.
El legislador señaló que actualmente la legislación penal del estado no contempla específicamente esta conducta, por lo que consideró necesario establecer mecanismos legales que fomenten la solidaridad y la responsabilidad social cuando una persona se encuentre en peligro.
La iniciativa plantea sancionar a quienes, estando en condiciones de ayudar sin poner en riesgo su propia vida o la de terceros, se nieguen a prestar auxilio a una persona lesionada o expuesta a una situación de peligro grave.
El planteamiento también contempla los casos en que una persona no pueda intervenir directamente, pero tenga la posibilidad de comunicarse con las autoridades y solicitar oportunamente el apoyo correspondiente.
«Podemos ayudar, si podemos hacerlo sin riesgo debemos hacerlo y si no podemos debemos solicitar el apoyo de las autoridades oportunamente», expuso el legislador al explicar el sentido de la iniciativa.
Moctezuma Castillo sostuvo que la intención no es obligar a la ciudadanía a exponerse a situaciones que pongan en riesgo su integridad, sino evitar que las personas permanezcan indiferentes ante una emergencia. También destacó que una llamada a los servicios de emergencia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y de Justicia del Congreso de Tamaulipas, donde se analizará la propuesta y se elaborará el dictamen correspondiente para determinar si la omisión de auxilio se incorpora como delito en la legislación estatal.
