Por: José Medina
— Se modifica el artículo 189 ter del Código Penal Para el Estado de Tamaulipas
Ciudad Victoria.— Así lo dió a conocer el Diputado Local Isidro Jesús Vargas Fernández, quien con referida acción Legislativa pretende fortalecer el marco normativo relativo a los delitos cometidos por algunas personas que, con el supuesto interés de impartir educación de cualquier nivel educativo, abren instituciones con oferta educativa, pero sin contar con la aprobación necesaria para dichos menesteres, misma que la debe otorgar la Secretaría de Educación, una vez que se cumplan los requisitos de rigor.
Es decir; la reforma al ARTÍCULO 189 Ter.- Al que preste servicios educativos que conforme a la Ley requieren autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los haya obtenido, se le impondrá una sanción de tres a seis años de prisión y multa de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad
Actualmente el Código Penal para el Estado de Tamaulipas establece en el Libro Segundo, Título Cuarto, capítulo VI, artículo 189 Bis, que se denomina «Impartición Ilícita de Educación», mismo que con el actual proyecto se propone darle un ajuste a la sanción que se prevé hasta el momento, pues se estima que dicha sanción ha sido muy leve y, por ende, algunos particulares continúan afectando a los educandos de nuestro Estado, teniéndolos en sus aulas educativas a sabiendas de que no cuentan con la autorización correspondiente, es decir, el REVOE que la conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables, se dé inicio al procedimiento de retiro o revocación.
Unidad de Medida y Actualización, sanción aplicable por cada institución de educación que tenga en operación en similares condiciones. Si la autorización legal correspondiente se encuentra en trámite, no le excluye de dicha responsabilidad.
«En el caso que nos ocupa, se trata de un perverso engaño a jóvenes estudiantes que resultan afectados por personas e instituciones carentes de solidaridad y sensibilidad, que no les importan los gastos financieros que deban efectuar los estudiantes o sus padres, como tampoco les importa el tiempo que injustamente les hacen perder al mantenerlos en una institución a sabiendas de que carece de permiso para impartir educación».
Indicó que la afectación no es menor por el enorme descaro y cinismo de establecer centros educativos sin tener el llamado REVOE, que es el reconocimiento de validez educativo y, con total desfachatez, con falsas promesas, hacen que los educandos les crean como una opción válida para estudiar, siendo que todo se traduce al paso de un par de años, en una enorme desilusión, pues sus documentos de acreditación educativa nunca les serán entregados porque la escuela a la que asistieron no goza de permiso para impartir educación.
