Solicitan esclarecer situación jurídica del Decreto 66-547 y garantizar protección al magisterio

Por: José Medina
Cd. Victoria.- El profesor Enrique Meléndez Pérez solicitó al Congreso del Estado de Tamaulipas esclarecer la situación jurídica del Decreto 66-547, aprobado el 14 de noviembre de 2025 para fortalecer la protección, seguridad y defensa de las maestras, maestros y demás trabajadores de la educación, así como concluir el procedimiento correspondiente y, de ser jurídicamente procedente, promover su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

De acuerdo con la solicitud, el decreto fue remitido al Poder Ejecutivo y recibido por la Secretaría General de Gobierno el 18 de noviembre de 2025; sin embargo, hasta el momento no se ha acreditado públicamente su publicación ni, por tanto, su entrada en vigor.

Meléndez Pérez planteó al Congreso conocer oficialmente si el Ejecutivo formuló observaciones al decreto y, en caso de existir, que sean analizadas y resueltas conforme al procedimiento constitucional.

Si no existen impedimentos jurídicos, pidió adoptar las acciones necesarias para concluir el proceso y proceder a su publicación.

La iniciativa contempla medidas de protección para el personal educativo, entre ellas defensa legal, presunción de inocencia, debido proceso, protección ante amenazas, agresiones e intimidaciones, atención psicológica, protocolos especializados, agravantes penales y mecanismos de restitución y reparación.

Meléndez señaló que el objetivo no es impedir denuncias legítimas ni generar impunidad, sino garantizar un equilibrio entre la protección de las posibles víctimas y el respeto al debido proceso de las y los trabajadores de la educación.

Advirtió que una acusación puede afectar en pocas horas la reputación profesional, estabilidad laboral, ingresos y entorno familiar de una maestra o maestro, incluso cuando posteriormente no se acredite responsabilidad.

Por ello, consideró prioritario esclarecer el estado jurídico del Decreto 66-547 y, de ser procedente, avanzar hacia su publicación e implementación mediante protocolos, defensa jurídica y recursos suficientes para hacer efectiva la protección al magisterio.
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