- Sheinbaum enfrenta un severo desgaste político por defender a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien lleva más de un año sin visa estadounidense y se encuentra bajo investigación penal en EU
Ciudad de México.- La gobernadora de Baja California enfrenta serios cuestionamientos políticos y legales tras revelar contradicciones sobre sus contactos con agencias de Estados Unidos y la revocación de su visa.
La posición política de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se encuentra en un punto de alta vulnerabilidad institucional y legal. De acuerdo con el análisis del periodista Raymundo Riva Palacio, en Palacio Nacional existe una exasperación creciente por los costos políticos que ha tenido que asumir la administración central para responder ante los continuos desaciertos y controversias que envuelven a la mandataria estatal.
Creciente malestar en el Ejecutivo federal por los errores políticos en Baja California
Las tensiones internas en el proyecto de la Cuarta Transformación han alcanzado niveles críticos. Riva Palacio señala que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha mostrado un evidente agotamiento ante la constante necesidad de amortiguar el impacto de la crisis de la gobernadora, quien lleva más de un año sin visa para ingresar a Estados Unidos y permanece bajo investigaciones en el ámbito penal estadounidense.
Según detalla la columna periodística, la inconformidad en el Ejecutivo se profundizó tras difundirse grabaciones en las que la gobernadora supuestamente se ofrece como informante de agencias gubernamentales de Estados Unidos. Riva Palacio sostiene tajantemente que:
“La Presidenta, por lo que ha trascendido, está harta de que esté pagando los costos por defenderla, derivados de los errores políticos que no ha dejado de cometer la gobernadora desde que se difundieron grabaciones donde se ofrece como informante del Gobierno de Estados Unidos”.
Contradicciones en medios y el papel de las agencias de inteligencia de EU
El intento de la Mandataria estatal por revertir la percepción pública mediante apariciones en medios internacionales ha terminado por agravar su situación jurídica y narrativa. Durante una reciente entrevista en el programa “Esta semana” de N+ Univisión con la periodista Ilia Calderón, Ávila buscó encuadrar el conflicto como una disputa política interna provocada por el exgobernador Jaime Bonilla, quien presuntamente le sugirió contactos para solucionar la revocación de su visa ocurrida en mayo del año pasado.
Sin embargo, la entrevista puso en evidencia severas inconsistencias temporales e institucionales. La gobernadora identificó a su interlocutor como un presunto “asesor” de Homeland Security Investigations (HSI) y del FBI. Al respecto, el análisis periodístico subraya la falta de sustento técnico de dicha versión, toda vez que ninguna de esas agencias administra asuntos de visado, labor que compete de manera exclusiva al Departamento de Estado de Estados Unidos.
Inconsistencias en la defensa legal e implicaciones procesales
Un elemento clave expuesto en el análisis es la contratación previa de representación jurídica penal en Estados Unidos. La gobernadora contrató al abogado Michael Nadler, con sede en Miami, cuya práctica no se enfoca en derecho migratorio sino en delitos criminales y lavado de dinero, lo que sugiere una preocupación previa por eventuales imputaciones del Departamento de Justicia de EU.
“La mentira en la que la atrapa Calderón es que esa propuesta se realizó ‘a finales de noviembre, principios de diciembre’, cuando la contratación de Nadler la había hecho al menos seis meses antes. Es decir, mucho tiempo antes de esa reunión, Ávila ya estaba preocupada por posibles imputaciones penales”.
Violaciones al marco de Seguridad Nacional y consecuencias para la 4T
Las revelaciones periodísticas conducidas previamente por el columnista Héctor de Mauleón sugieren que Ávila habría ofrecido compartir información sensible derivada de las mesas de seguridad institucional a cambio de resolver su estatus legal personal. Riva Palacio remarca que haber sostenido reuniones no declaradas con intermediarios extranjeros contraviene de forma directa la legislación federal mexicana.
“Ávila actuó fuera del marco institucional, violando la Ley de Seguridad Nacional e incurriendo en el delito de traición a la Patria, al no informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la reunión que había tenido con el ‘asesor’ estadounidense, ni haber reportado lo que hablaron”.
El análisis concluye que las maniobras defensivas de la mandataria son vistas en la capital del país como meros distractores políticos. De acuerdo con Riva Palacio, las evidencias recopiladas colocan a la gobernadora en una posición insostenible dentro de la estructura gubernamental federal, perfilándose como un elemento de alto costo político que la Presidenta considera como un lastre del cual debe prescindir.
