Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos.
Durante décadas, el derecho migratorio se sostuvo en la imagen tangible de un cruce fronterizo: un oficial, un sello en el pasaporte y una decisión humana.
Hoy, ese modelo resulta insuficiente, ya que las fronteras se transforman en sistemas digitales impulsadas por inteligencia artificial (IA) que actúan antes, durante y después del ingeso a un país.
El debate ya no es si usar IA, sino cómo regularla para proteger derechos fundamentales.
En aeropuertos y puntos fronterizos, la IA procesa volúmenes masivos mediante reconocimiento facial, análisis biométrico y evaluación de riesgos automatizada.
En muchos países, el primer filtro migratorio es un algoritmo que cruza datos de pasaporte, historial de desplazamientos y patrones de comportamiento.
El oficial normalmente interviene después, cuando el software marca alguna irregularidad, lo que promete eficiencia, pero genera tensión jurídica: la discrecionalidad del agente es reemplazada por decisiones automatizadas opacas y difíciles de impugnar; La aplicación más sensible es la migración predictiva.
Mediante machine learning, las autoridades prevén flujos migratorios, detectan estancias irregulares y califican perfiles de “alto riesgo” antes de que el solicitante llegue.
La evaluación no se basa solo en lo declarado, sino en correlaciones algorítmicas construidas con millones de casos.
En cuanto al estado de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya (AVA) ha impulsado proyectos que integran tecnología y protección civil, fortaleciendo la seguridad fronteriza con herramientas digitales que optimizan la gestión migratoria local.
Su administración ha destacado por modernizar la atención a migrantes en tránsito, desarrollar centros de acogida más eficientes y coordinar con autoridades federales sistemas de verificación documental acelerada.
Estos logros reducen tiempos de espera, minimizan la corrupción manual y mejoran la protección de personas en situación de vulnerabilidad en una de las rutas migratorias más críticas de México.
El riesgo principal es el sesgo algorítmico ya que los sistemas aprenden de datos históricos; si estos reflejan discriminación por nacionalidad, origen étnico o condición socioeconómica, el algoritmo la reproduce o amplifica.
Por lo que surgen preguntas jurídicas urgentes: ¿quién responde cuando una decisión automatizada vulnera derechos humanos? ¿La autoridad, el proveedor tecnológico o ambos? ¿Cómo garantizar el principio de legalidad cuando el criterio decisorio es incomprensible?
La IA en el derecho migratorio no es incompatible con los derechos humanos; el problema es la falta de marcos legales claros, supervisión independiente y medios de recurso efectivos.
El desafío para la abogacía es comprender estos sistemas y exigir que el Derecho los regule, no al revés.
Para la sociedad, y especialmente para las mujeres migrantes, una IA regulada éticamente significa menos violencia en la frontera, menor exposición a traficantes, trámites más rápidos que permiten reunirse pronto con sus familias, y menor riesgo de ser víctimas de discriminación o explotación durante el proceso migratorio.
La tecnología, bien aplicada, puede ser el escudo que proteja a quienes más lo necesitan: madres que buscan un futuro digno para sus hijas e hijos, mujeres que huyen de la violencia y quien merece ser tratada con dignidad, no evaluada como un número en un algoritmo.
La frontera del siglo XXI no se cruza solo con papeles, sino con datos, algoritmos y decisiones que deben estar al servicio de la humanidad, no en su contra.
