Por José Luis Castillo
UNO. – Los apagones que han afectado a Ciudad Victoria y a diversos municipios de Tamaulipas en las últimas semanas ya no deben ser vistos como hechos aislados o simples “contingencias” propias de la temporada de calor. Claro y como debe ser cuando las interrupciones se vuelven recurrentes, afectan a miles de familias, comprometen el suministro de agua potable y se prolongan durante horas, lo que está en juego no es solamente la continuidad del servicio eléctrico: está en juego la capacidad de una empresa pública para responder ante una necesidad esencial de la población.
Vale recordar que el pasado 24 de agosto, una falla en una línea de alta tensión que abastece desde Ciudad Victoria provocó un apagón que afectó a San Fernando y otros municipios de la región centro de Tamaulipas, además de interrumpir el bombeo de agua potable. Días después, el 27 de agosto, nuevamente se registraron interrupciones en varios municipios. Mientras tanto, en Ciudad Victoria los reportes de fallas recurrentes se acumulan y el malestar ciudadano crece.
¿Dónde está la capacidad de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad?, digo, porque pasan horas, y días completos en los que el servicio se interrumpe y CFE simplemente ni se aparece.
Una cosa es enfrentar una contingencia extraordinaria y otra muy distinta es permitir que una contingencia se convierta en una condición recurrente. Las altas temperaturas no son una sorpresa. La demanda extraordinaria de electricidad durante el verano tampoco. Son fenómenos previsibles que ocurren año tras año y que deberían formar parte de cualquier esquema serio de planeación, mantenimiento, prevención y respuesta, por parte de la paraestatal.
Lo preocupante no es solamente que ocurran las fallas. Las fallas pueden presentarse incluso en los sistemas mejor administrados. Lo verdaderamente cuestionable es la lentitud para restablecer el servicio, la falta de información clara y oportuna y la aparente ausencia de una estrategia visible para evitar que los mismos problemas vuelvan a repetirse.
Para una familia, permanecer varias horas sin electricidad durante una ola de calor no es un inconveniente o situación menor. Significa soportar temperaturas extremas sin ventilación o aire acondicionado, perder alimentos, enfrentar problemas para conservar medicamentos, interrumpir actividades laborales y escolares y, en
algunos casos, sufrir daños en aparatos eléctricos debido a las variaciones de voltaje.
Para quienes dependen del suministro eléctrico para obtener agua potable, la situación adquiere todavía mayor gravedad. Sin electricidad, también pueden quedar paralizados sistemas de bombeo y distribución de agua. Un apagón deja entonces de ser solamente un problema energético y se convierte en un problema de servicios públicos esenciales.
Valido decir que la indignación ciudadana es, por o anterior perfectamente comprensible.
La CFE no puede limitarse a aparecer cuando ocurre la falla, enviar cuadrillas, restablecer parcialmente el servicio y esperar a que el siguiente apagón vuelva a poner a prueba una infraestructura que evidentemente enfrenta dificultades. Una empresa responsable de garantizar uno de los servicios básicos del país debe tener capacidad preventiva, protocolos de emergencia, infraestructura de respaldo y mecanismos de comunicación eficaces con la población y en esto CFE está fallando también.
La ciudadanía tampoco debería enterarse de lo que ocurre únicamente a través de redes sociales, llamadas entre vecinos o reportes periodísticos. Cuando miles de usuarios están afectados, la información también es parte del servicio.
Poco o nada se sabe, ¿Cuál fue exactamente la falla? ¿Qué provocó que ocurriera? ¿Qué zonas están afectadas? ¿Cuánto tiempo tomará restablecer completamente el suministro? ¿Qué trabajos se están realizando para evitar una nueva interrupción? Son preguntas elementales que merecen respuestas igualmente claras y lo qe a veces atina a señalar es que hubo afectación intencional en las líneas de distribución, en fin, ojalá y mejoren las cosas y sea más prevención en lugar de reacción por parte de la paraestatal.
DOS. – La apertura de la Carpeta Previa 34/2026 por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, derivada de los hechos ocurridos el pasado 2 de septiembre en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, constituye, sin duda, un paso importante en la institución que debe reconocerse.
La Universidad Autónoma de Tamaulipas ha señalado que se trata de hechos en los que presuntamente se habría visto afectado un estudiante foráneo de primer semestre y que podrían ser contrarios a los principios de sana convivencia universitaria. Por ello, la decisión de la Defensoría de solicitar un informe detallado
en un plazo no mayor a dos días hábiles envía un mensaje que, en principio, resulta positivo: sobre todo porque la institución no debe ser omisa frente a conductas que puedan vulnerar los derechos o la dignidad de sus estudiantes.
La Universidad seguramente llegará hasta las últimas consecuencias, si la investigación confirma responsabilidades.
Y esto debe hacerse respetando escrupulosamente el debido proceso, porque investigar no significa prejuzgar ni condenar anticipadamente a nadie. Significa esclarecer los hechos, escuchar a todas las partes, determinar responsabilidades y actuar conforme a la normatividad universitaria.
Queda claro que la institución educativa no puede permitir abusos, humillaciones, actos de intimidación o prácticas que atenten contra la dignidad de un estudiante bajo el argumento de que forman parte de una tradición, una novatada o de determinadas dinámicas entre alumnos. Ninguna tradición puede estar por encima de los derechos humanos.
Mucho menos cuando se trata de estudiantes de nuevo ingreso, particularmente aquellos que llegan desde otros lugares y que se encuentran en una situación de adaptación, lejos de sus familias y depositando su confianza en una institución que debería garantizarles un ambiente seguro.
La universidad es un espacio para formar profesionistas, pero también para formar ciudadanos. Y difícilmente puede cumplir esa misión si dentro de sus instalaciones se toleran conductas que contradigan los valores de respeto, inclusión, dignidad y convivencia que la propia institución dice promover.
Por eso resulta relevante que la Defensoría haya actuado de oficio. Pero precisamente porque se ha abierto una carpeta, ahora habrá que observar qué sucede después.
Sobre todo, porque la instrucción del rector Dámaso Anaya y la intervención de la Defensoría son importantes y muy determinantes: Aclarar estos hechos y sancionar si hay responsabilidades.
