Ciudad de México.- La gente sabe reconocer a quienes han dedicado su vida a la justicia. En medio de un proceso histórico para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte, el nombre de Ana María Ibarra Olguín ha cobrado cada vez más fuerza entre la ciudadanía y en los sectores especializados del ámbito judicial.
No es casualidad. Su trayectoria académica y profesional la respalda: egresada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ibarra ha sido asesora parlamentaria, docente y promotora incansable de una justicia con enfoque de derechos humanos. Pero hay un dato que marca la diferencia: trabajó de la mano del exministro Arturo Zaldívar como Secretaria de Estudio y Cuenta en su ponencia, participando directamente en la elaboración de criterios que hoy siguen transformando el rostro del sistema judicial mexicano.
A ello se suma una tradición familiar profundamente arraigada en la defensa de los derechos humanos. Ana María no llegó sola ni de improviso a este proceso: su historia es la continuidad de una lucha por el acceso a la justicia que se ha forjado con años de trabajo honesto y compromiso social.
Los números lo reflejan: día a día, más personas se suman a respaldar su candidatura, convencidos de que es uno de los perfiles más sólidos, preparados y cercanos a la ciudadanía. México necesita una ministra que conozca la Corte por dentro, que haya estado del lado del pueblo y que tenga claro que la justicia no puede ser privilegio de unos cuantos. Y en ese camino, Ana María Ibarra Olguín ya va varios pasos adelante.
