Por José Gregorio Aguilar
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) estallaron contra el sistema de salud estatal y federal al que acusaron de mentir y simular respecto a la realidad de las personas que viven con VIH. También denunciaron la exclusión sistemática de las mesas institucionales de la Agenda 2030.
En un documento firmado por Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C. y Tendremos Alas A.C., los activistas señalaron que Federación y Estado declararon irresponsablemente que el VIH dejará de ser problema de salud pública en 2030. Calificaron la afirmación como una «mentira técnica» porque el VIH se transmite y no desaparece.
La situación es aún más preocupante en el sur del Estado donde reportan desabasto crítico de antirretrovirales en el HGZ de Ciudad Madero del IMSS-Bienestar. El documento asegura que la falta de tratamiento ha costado vidas en 2026, interrumpiendo tratamientos y provocando el avance forzado a etapa SIDA.
También denunciaron el colapso de infraestructura del Hospital General de Tampico «Dr. Carlos Canseco», lo que impide una atención médica digna. Atribuyen la crisis a una década de transiciones fallidas: del Seguro Popular al INSABI, luego a IMSS-Bienestar y ahora a Cobertura Universal.
Las organizaciones acusaron a la CODHET de guardar silencio ante las muertes en territorio tamaulipeco y de escudarse en formalismos de competencia. Además, señalaron que el recién instalado COESIDA no ha sesionado tras la evaluación de ODS presentada el 29 de junio.
En el ámbito legislativo, reclamaron que la Ley de Identidad de Género lleva más de 10 años congelada y que persiste vigente el Artículo 203 del Código Penal que criminaliza a personas con VIH. Exigen la aprobación de la Ley contra Crímenes de Odio.
El comunicado también busca frenar lo que llaman un ataque institucional contra la defensora Ana Karen López Quintana, quien suma 28 años de trayectoria. Denuncian discursos de odio en redes tras sus publicaciones sobre salud pública.
Como solución, propusieron el Modelo S.U.M.A. para garantizar coordinación real entre gobierno y sociedad civil, con presupuesto auditable. Exigieron el cese de mesas a puerta cerrada y la instalación legal del Consejo Interinstitucional mandatado por la Ley LGBTTTIQ+
